Ley del aborto en españa boe
Leyes sobre el aborto en irlanda
La sentencia de la Cámara de los Lores en el caso Gillick contra la Autoridad Sanitaria del Área de West Norfolk y Wisbech pareció inaugurar una era de respeto judicial a los derechos del niño y a la autonomía del niño mayor. Apenas una década más tarde, las decisiones del Tribunal de Apelación en los casos Re R y Re W fueron percibidas como una señal de reversión del paternalismo judicial y un golpe casi mortal a la autonomía de los adolescentes. La filosofía fundamental de la propia Ley del Menor de 1989, en la que los deseos de los niños y los «derechos» del menor más maduro desempeñan un papel tan central, fue atacada en una serie continua de casos en primera instancia en los que los jueces anularon las opiniones de los niños mayores en favor del juicio de sus médicos.
En el caso R (Axon) contra el Secretario de Estado de Sanidad se confirmó la prueba de competencia de Gillick. El compromiso con la autonomía infantil y el derecho a la intimidad provocó una nueva crítica académica a los casos de «rechazo». En este artículo se analiza la forma que puede adoptar cualquier cambio en la ley y las posibles consecuencias para los derechos de los padres y los jóvenes. La afirmación del juez Silber de que los derechos de los padres en virtud del artículo 8 cesan cuando el niño toma una decisión competente es potencialmente problemática si se aplica a los casos de rechazo, especialmente en el contexto de la distinción entre la competencia para consentir el tratamiento y la divulgación de información.
El aborto ilegal en el mundo
En España no hubo legislación sobre el aborto hasta 1985, aprobada en los primeros años de la nueva democracia. La única excepción fue un decreto en Cataluña durante la guerra civil (1936-39), que permitía el aborto por motivos de salud de la mujer, cuando el embarazo no era deseado o en casos de anomalía fetal. Sin embargo, la aplicación de este decreto fue muy limitada, debido a los disturbios de aquellos tiempos difíciles.1
El movimiento feminista español ha trabajado por la despenalización del aborto desde los años 70. Cuando se preparaba la Constitución democrática española (1977-78), el aborto, junto con otros temas como la educación y el divorcio, fue causa de profundas divisiones entre los partidos políticos de derecha e izquierda. El conflicto potencial se evitó cuando los partidos acordaron no mencionar en absoluto el aborto en la Constitución.
Entre 1974 y 1985, se calcula que 240.000 mujeres españolas interrumpieron sus embarazos en el Reino Unido y los Países Bajos (y un número no documentado en Portugal y el norte de África). En cambio, tras la aprobación de la ley, entre 1986 y 1995 sólo 34.895 españolas abortaron en otros países, mientras que 340.214 pudieron abortar en España.18
Por qué es ilegal el aborto
Esta libertad refuerza el reconocimiento de un derecho básico y fundamental como es el de tener o no tener hijos. Nuestra norma actual combina un periodo de libre voluntad de la gestante con unos supuestos concretos; de tal forma que la mujer puede interrumpir libremente su gestación hasta la semana 14 y por patología fetal o materna (física o psíquica) hasta la semana 22.
Además, la legislación actual en España contempla la posibilidad de interrumpir el embarazo más allá de esta semana 22 (sin límite) «cuando exista una patología fetal incompatible con la vida, o cuando se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable en el momento del diagnóstico y confirmada por un comité clínico».
La nueva ley también prevé la posibilidad de interrumpir el embarazo más allá de esta semana 22 (sin límite) cuando exista una patología fetal incompatible con la vida, o cuando se detecte una enfermedad extremadamente grave e incurable en el feto en el momento del diagnóstico y sea confirmada por un comité clínico.
Aborto en españa
La legislación sobre el aborto en España tiene una historia fluctuante. Durante la década de 1930, la ley del aborto se liberalizó en la zona controlada por los republicanos, pero esto duró poco, ya que el régimen de Franco, con el apoyo de la Iglesia Católica, volvió a prohibir el aborto. Las leyes se relajaron en 1985, y se liberalizaron aún más en 2010. El aborto sigue siendo una cuestión política controvertida en España, pero las medidas periódicas para restringirlo no han contado con el apoyo de la mayoría[2]. En los últimos años, las tasas de aborto han disminuido, ya que se ha introducido un mejor acceso a la anticoncepción de emergencia[3].
Los opositores al aborto, incluida la Iglesia católica, sostienen que se trata de la eliminación de una vida humana inocente, una práctica intrínsecamente maligna y asesina que degrada el respeto por toda vida y conduce a la sociedad hacia una cultura de la muerte[9] El conservador Partido Popular presentó en junio de 2010 un recurso contra varias disposiciones de la ley ante el Tribunal Constitucional. En el programa electoral para las elecciones generales celebradas el 20 de noviembre de 2011, el Partido Popular incluyó la modificación de la ley del aborto[10][11].
