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Los taxistas de Madrid y Barcelona protestan con paros de dos horas y manifestaciones en el caso de Madrid y de doce horas en Barcelona, protestan contra las políticas de las administraciones públicas que afectan a su sector y permiten la competencia de los servicios de alquiler con conductor de comptanías como Uber y Cabify.

«El transporte público está amenazado de muerte por los poderosos lobbies, que buscan la desregulación de la actividad del transporte de viajeros con conductor», explican los taxistas en un comunicado. «El sector del taxi aporta a este país unos 400 millones al año, que se perderían en favor de estas multinacionales que tributan en paraísos fiscales y fomentan la precariedad laboral». Estas son las palabras del sector del Taxi.

En España hay unas 5.200 licencias VTC (una autorización para alquilar vehículos con conductor). La VTC es una modalidad de alquiler de un coche diferente al taxi, según la cual los conductores no pueden recoger a un cliente sin cita previa, ni utilizar los carriles para taxistas. En España hay actualmente unas 67.300 licencias de taxi.

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El Gobierno de España aprobó en el año 2018 Un Real Decreto Ley por el que la concesión de licencias de VTCs, pasaron del Estado a las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, y también se aprobó otro real decreto para regular las licencias concedidas a este tipo de vehículos.

La proporción establecida entre taxis y VTC establecía que por 30 licencias de vehículos taxi había una licencia para un vehículo VTC. Una medida que contó con la aprobación del Tribunal Supremo. Actualmente, eEstos son los precios de las licencias de taxi y VTC (Vehículo Turístico con Conductor), así como los plazos que se establecen en las principales ciudades de nuestro país para actuar como taxistas.

El precio medio de una licencia de taxi supera los cien mil euros. Según informa el portal ‘Infotaxi’, estas licencias son más caras en ciudades como Madrid, en la que el precio puede oscilar entre los 130 mil y los 150 mil euros, y Barcelona, donde el precio se mueve en una horquilla muy similar.

Un precio muy superior al de las licencias para vehículos VTC, cuyo precio máximo ronda los 50 mil euros, aunque es un precio que depende de la demanda de licencias existente en cada municipio.

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Se veía venir. Bolt, la startup de transporte estonia financiada por la Unión Europea para plantar cara a Uber, acaba de anunciar que se estrena en Madrid con su propio servicio de taxi y VTC. Uber y Cabify tienen, por tanto, otro competidor. También al sector más conservador del taxi, que se enfrenta a otra de las aplicaciones que, junto a FreeNow, les ha traído más de cabeza.

Bolt, antes conocida como Taxify, era conocida por sus patinetes y bicicletas eléctricas. Al menos en España. Pero en el ADN de la muy bien financiada startup siempre ha estado la cuestión del transporte de pasajeros. Uno que ya controlan en algunas de las principales capitales de Europa. Se quedó en un segundo plano con su planteamiento de reparto pero, con una pandemia que empieza a dar un respiro al sector del transporte de pasajeros, Bolt ha encontrado su momento. También tiene los fondos para ello. Con un préstamo de 50 millones de euros de Europa, además de sus más de 200 millones de euros de inversores privados, Bolt es una de las startups mimadas entre los unicornios europeos.

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El Partido Popular (PP) español, famoso por su corrupción, gobierna ahora la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid. Están utilizando su nuevo poder para liberalizar el sector del taxi en la capital española. No es de extrañar que los vínculos entre altos cargos del PP de Madrid y las plataformas digitales Uber y Cabify sean profundos, explica Carlos Rodríguez, de Proyecto Taxi 2.0.

Carlos Rodríguez Expósito es especialista en telecomunicaciones. Community Manager de Taxi Project de Élite Barcelona. Colabora activamente con el espacio No Más Precariedad, formado por decenas de colectivos en lucha y con 404 Comunicación Popular, el medio de comunicación de los colectivos sociales.

La historia de la UE ha sido la destrucción de las estructuras sociales y económicas de los estados miembros para favorecer los intereses de las corporaciones internacionales. No hay ningún aspecto de la vida o del campo de los negocios que quede indemne en la campaña de destrucción neoliberal de la UE. La clase política de la UE ha aprendido a utilizar este proceso para sus propios fines financieros. Los tradicionales taxistas independientes de Madrid se encuentran entre las víctimas más recientes.

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